miércoles, 25 de abril de 2012

Centro Bonó afirma que la República Dominicana violenta los derechos de trabajadores azucareros


“Los actores gubernamentales deben colocarse del lado de la  institucionalidad, proteger los derechos y la justicia laboral y no colocarse del lado de los intereses de agentes económicos que operan insensiblemente motivados por su afán de lucro”, dijo ayer el Centro Bonó.

El Bonó hizo referencia al tema ya que el Departamento de Trabajo estadounidense abrió una investigación en República Dominicana por las denuncias del sacerdote Christopher Hartley, quien acusa a productores de azúcar del país de someter a condiciones de esclavitud a trabajadores del sector. El planteamiento se produjo en el marco del Diplomado sobre Derechos Humanos AUSJAL, que imparte el Centro como parte de su oferta formativa.

Asegura el Centro Bonó que diversas investigaciones han demostrado que en las plantaciones de caña de azúcar, el trabajo de siembra y corte de la caña se realiza en condiciones de explotación: las jornadas se extienden, en ocasiones, por más de 12 horas y se trabaja los 7 días de la semana.

“Un jornalero no puede cubrir sus necesidades mínimas con un ingreso inferior a los 129 pesos por día”,  expresó.

Destacó además, que cada vez más a éste sector se le hace difícil demandar el respeto de sus derechos, debido al progresivo debilitamiento o desaparición de los sindicatos, producto de las estrategias coercitivas por parte de algunos patronos.

El Centro se refirió en sus declaraciones a la cantidad de ancianos que  dedicaron su juventud y vida a la industria azucarera y ahora sólo esperan la muerte en los bateyes, la mayoría de los cuales no cuentan con servicios de salud y agua potable.

Indicó que esta realidad en la que viven cientos de jornaleros responde a varios factores, como son: la falta de monitoreo imparcial  por parte del Ministerio de Trabajo, ineficacia de los mecanismos de resolución de conflictos en el contexto de las relaciones laborales en el batey, serias limitaciones en el acceso a la justicia, resistencia a la formalización de la relación laboral  a través de un contrato escrito que reduciría la vulnerabilidad del trabajador frente al patrono.  

En vista de esta situación, el Centro Bonó propone a las autoridades competentes un mayor celo para el cumplimiento cabal de la ley, igualdad para todos, monitoreo sistemático de la situación por parte del Ministerio de Trabajo, establecimiento de sanciones prácticas contra los empleadores abusivos, redoblar esfuerzos para solucionar definitivamente el tema de las pensiones de los trabajadores  migrantes y mejora sustancial de los salarios en el sector azucarero, tomando en cuenta que el país ha suscrito importantes acuerdos comerciales tales como en DR-CAFTA o el Acuerdo EPU -este último que vincula al país comercialmente con la Unión Europea- que exigen al Estado y a los actores económicos el cumplimiento de condiciones laborales dignas para los trabajadores.

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Manuel El Comunitario, La Voz de la Comunidad