El Seguro Familiar de Salud de la Seguridad Social no es universal, equitativo ni solidario

POSICIONAMIENTO DE FORO CIUDADANO

APROPÓSITO DE LA CELEBRACIÓN  DEL DÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN REPÚBLICA DOMINICANA

En el marco de la celebración del día de la Seguridad Social, Foro Ciudadano llama la atención sobre la enorme desprotección que se mantiene en la población dominicana a 11 años de promulgada la ley 87-01. A pesar de que la citada ley garantizaba la universalidad al cumplirse 10 años, asistimos a la existencia de un 49.4% de la población dominicana que vive con la negación del acceso a la salud, entre otras protecciones que debe brindar el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

La Ley 87-01 establece que el SDSS se rige bajo unos principios rectores, los cuales están expuestos en su artículo 3°. Dentro de esos hay tres que se destacan:

El principio de universalidad está pensado en la Ley para “proteger a todos los dominicanos y a los residentes en el país, sin discriminación por razón de salud, sexo, condición social, política o económica”. Según los datos preliminares del IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, en República Dominicana habitamos 9,378,819 personas. Sin embargo, solo están incorporados al SDSS 4,726,305 personas. Casi la mitad se encuentran desprotegidos.

A este nivel de crecimiento deberíamos esperar 11 años más para incluir a los habitantes actuales, sin tomar en cuenta que la población sigue creciendo. Por esa razón, la universalidad sigue siendo un sueño.

Los otros principios son el referido a la equidad y el principio de solidaridad. El SDSS contempla tres (3) formas de incorporar a toda la población para los beneficios bajo estos principios, atendiendo al tipo de financiamiento.

El Régimen Subsidiado del Seguro Familiar de Salud es, según la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), “el que protege a los trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional, así como a los desempleados, discapacitados e indigentes”. Este régimen cuenta con 2,152,081 afiliados, por lo que quedan fuera de la cobertura el 37.3%  de la población más empobrecida, y apenas el 22.9% del total del país.

Este régimen, para que crezca en cantidad y calidad, depende del financiamiento del Estado, el cual se ha detenido en menos de 1% del PIB en los últimos tres años.

Por otra parte, el Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud –que comprende a los trabajadores asalariados públicos y privados y a los empleadores- cuenta con 2,574,224 afiliados (un 27.4% de la población del país) pero de ellos, solo el 62.7% de los trabajadores que deberían cotizar en este régimen están efectivamente incorporados. Los desafíos aquí también son grandes, pues va a depender de la agilidad del sistema productivo para producir más empleos formales.

El tercer régimen, aun no implementado, es el que protegerá a los profesionales y técnicos independientes y a los trabajadores por cuenta propia con ingresos promedio. No existe ninguna protección para los/as empleados/as del sector no-formal que no pueden cubrir planes individuales y que están a expensas de la insuficiente cobertura del servicio público y del mercado. El Estado también tiene el deber de confrontar este problema.

Es evidente que el principio de equidad no se cumple. Ahora bien, el monto que el Estado debe pagar al régimen subsidiado desde enero de 2007 al presente se ha mantenido en RD$181.34 por afiliado/a.  En este sentido, el Estado  ha argumentado que la baja inversión que realiza en este régimen se cubre con el servicio público de salud, pero aún así no se iguala al régimen contributivo e implica mayores inequidades. Cualquier persona puede acudir al servicio de salud pública, independientemente de la afiliación, pero al servicio privado solo pueden acceder quienes pertenecen al régimen contributivo.

Por su parte, el régimen contributivo asignaba en septiembre de 2007 un total de RD$483.33 por afiliado/a, y en la actualidad se ubica en RD$788.58 –es decir, 4.35 veces el subsidiado- lo que evidencia que no existe el principio de solidaridad. Pero además en este régimen no se ha logrado implementar el Plan Básico de Salud, con lo cual, pese a que cuesta más, la cobertura es peor al régimen subsidiado.

A once años de la promulgación de la Ley, los principios rectores aún no muestran ninguna evidencia de cumplirse. El 37.3% de la población empobrecida no tiene cobertura; y sólo el 62.7% de la población trabajadora en el sector formal está incluida. El 49.6% de la población del país depende de sus ingresos o del débil sistema público de atención a la salud, sin ningún otro respaldo.

Una generación más a la que le ha sido negada su derecho a la salud. Por eso, exhortamos al Estado a implementar el sistema de forma integral, y a la población a que exija su derecho a un sistema de salud y seguridad social universal, equitativo y solidario, como está contemplado en la ley 87-01.