SAN PEDRO DE MACORIS,El presidente del Tribunal Constitucional magistrado Milton Ray Guevara destacó que los jueces del organismo han demostrado que no aceptan intimidaciones, presiones o imposiciones, al tiempo que resaltó que los riesgos más graves a la independencia judicial no provienen necesariamente de los gobernantes ni de los sectores económicos conservadores.
Consideró que el orden constitucional enfrenta nuevos enemigos, que actúan de modo oculto y no abierto, que afectan este orden de forma indirecta y difusa y reiteró que el poder jurisdiccional, en consecuencia, debe ser independiente no sólo de los poderes públicos, sino también de aquellos poderes invisibles y de cualquiera otros poderes privados, como los medios de comunicación, las iglesias, el empresariado, los partidos políticos o grupos de presión que pudieran entorpecer su labor
.
Estima que el poder jurisdiccional no debe actuar al abrigo de presiones internas o externas de cualquier índole, sin desmedro de la crítica respetuosa y responsable de las decisiones jurisdiccionales, como un mecanismo legítimo de control ciudadano que coadyuva al fortalecimiento del poder jurisdiccional.
La crítica como medio legítimo de control social debe estar dirigida a la labor del juez y no partir de presunciones infundadas en cuanto al origen de su investidura o imputaciones ficticias en cuanto a los motivos de sus actuaciones
.
Adelantó que actualmente se trabaja en un manual de procedimientos para viabilizar la operatividad del TC, con lo cual esperan fortalecer los mecanismos institucionales que aseguren la efectiva ejecución de sus decisiones, precisando que en su ejecución no habrán vacas sagradas.
Advirtió que desde la instauración de las Altas Cortes un sector minoritario de la clase política, así como algunas organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales de gran presencia, supuestamente dedicadas a la promoción de los derechos humanos y el Estado de derecho, no han cesado de atacar ferozmente a las cabezas del poder jurisdiccional.
Sostuvo que se ha pretendido, incluso, imponer una especie de imperialismo cultural para forzar a la adopción de decisiones contrarias a los valores y principios prefigurados en la Constitución y que en lo relativo al TC, el año pasado se llegó al extremo de tejer conjeturas infamantes acerca de la decisión que se adoptó en relación a tres acciones directas de inconstitucionalidad incoadas contra el “nuevo Código Penal”.
Recordó que, sin esperar la publicación íntegra de los fundamentos de la decisión, se inició una campaña de descrédito contra la jurisdicción constitucional, atribuyéndole falsedades en cuanto a la fundamentación de la decisión que adversaban.
Indicó que le sorprendió bastante que se estuviera pontificando y opinando de algo que no se conocía, pues era una manera muy poco profesional de hacer aportes al Estado de derecho y a la institucionalidad democrática y que ninguna de esas entidades publicaron una retractación de sus infamias luego de publicada la decisión.
Afirmó que con esa actitud quedó claro que su crítica no era un ejercicio legítimo del control social de la función jurisdiccional, sino más bien presiones mediáticas contra la dignidad, investidura y el rol de los jueces para tratar de torcer sus decisiones.
Explicó que se trata de una práctica que ya había advertido en el pasado, pero que ahora fue más grave, pues el ataque empezó antes de conocerse el fundamento de la decisión, generando un ambiente de opinión en base a suposiciones carentes de total veracidad.
Expuso que el nuevo Código Penal fue declarado no conforme con la Constitución en la Sentencia TC/0599/15, sin que el TC ponderara los artículos que regulaban el aborto, pues hubo una violación insubsanable al procedimiento de adopción de la ley, al omitir la Cámara de Diputados enviar el texto enmendado con sus observaciones al Senado de la República.
Precisó que esa grave y evidente violación de procedimiento, que implicaba –a su vez– un desconocimiento de la naturaleza bicameral del Congreso Nacional, hacía innecesario que se pronunciaran acerca de los agravios de fondo que planteaban los accionantes.
Resaltó que quienes le piden independencia a los magistrados del TC no pueden imponerles su dependencia, pues las imputaciones que se realizaron en torno a esta decisión son una mentira descomunal y que no es la forma de criticar las decisiones judiciales en un Estado de derecho, sino más bien de un atentado a la independencia judicial, sustentado en prejuicios y siguiendo, en determinados casos, planes espurios preestablecidos.
En otro orden, el presidente del TC, magistrado Ray Guevara, definió la corrupción y la impunidad, como enemigas de la prosperidad, de la paz social y de la democracia¨, al tiempo que apoyó la propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán Mejía, para que se establezca una mesa de trabajo de los actores responsables del sector judicial.
A su entender, esa mesa debe establecerse para discutir, institucionalmente, la solución de particulares equivocaciones, desatinos, errores o engaños y buscar una legislación más equilibrada.
¨Apoyamos plenamente esa iniciativa que ha sido asumida, con beneplácito, por la Procuraduría General de la República y otros organismos del Estado y de la sociedad civil. Nuestro apoyo es caluroso y entusiasta¨, declaró el doctor Ray Guevara al pronunciar un discurso de Rendición de Cuentas por el Cuarto Aniversario del TC
.
Recordó que en 2013, el 29 de julio, ante las corrientes marinas de superficie y del fondo que empezaban a azotar la nave de la administración judicial, planteó la necesidad de elaborar un Plan Estratégico Nacional para el Sector Justicia.
Citó algunos elementos de sus planteamientos del referido plan, en el que “la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, el Colegio. las asociaciones de abogados y las escuelas de derecho, deben establecer los lineamientos y principios rectores del quehacer jurisdiccional para los años porvenir, que contengan los paradigmas de funcionamiento de la justicia que la sociedad y el pueblo dominicano merecen”.
Señaló que el mismo debía contar “con por lo menos los cinco objetivos estratégicos siguientes: promover el óptimo acceso a la justicia en sus diversas ramas funcionales: ordinaria, electoral y constitucional; garantizar la transparencia, eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia; impulsar el mejoramiento permanente y modernización del sistema de justicia; institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia y combatir la impunidad fortaleciendo los mecanismos de evaluación y control, para garantizar la seguridad jurídica”.
Manifestó que en la ocasión agregó: “exhorto a que abramos un debate sobre esta propuesta. Que las instituciones del sector justicia podamos realizar un diálogo constructivo para fortalecer los lazos institucionales que nos unen, sin afectar las funciones exclusivas que competen a cada una¨.
El magistrado Ray Guevara es de opinión que ¨el país se lo merece y espera de nosotros respuestas responsables en el marco de la Constitución y las leyes vigentes” y agrega que ¨hay un aspecto que no puedo obviar. La adopción de un plan estratégico, la elaboración de una tercera ola de reformas, el fortalecimiento de los mecanismos de inspección judicial, la aprobación de nuevas disposiciones legislativas, no eximen a los actores del sistema de una pesada responsabilidad¨.
Además considera que ¨un poder árbitro y sancionador tiene que dar el ejemplo de laboriosidad, probidad y honradez. Nadie puede pensar que a la justicia se va a acumular riquezas, pero cualquier sospechoso de hacerlo, debe recibir las garantías del debido proceso; si se comprueba su culpabilidad entonces debe recaerle todo el peso de la ley. La corrupción y la impunidad, son enemigos de la prosperidad, de la paz social y de la democracia¨.
Estima que ¨el cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales firmes es un imperativo del principio de seguridad jurídica y constituye una concreción específica de la exigencia de efectividad que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva y del debido proceso¨.
Sostuvo que la tutela judicial, para ser efectiva, no puede limitarse a asegurar el acceso del justiciable a la jurisdicción o en emitir una decisión fundada en derecho, sino que debe garantizar el cumplimiento oportuno de lo decidido, puesto que en caso contrario, las resoluciones judiciales sólo serían simples declaraciones teóricas de buenas intenciones, sin fuerza coercitiva alguna.
Añadió que lo ideal es que quienes están encargados de dar cumplimiento a las sentencias, lo hagan de manera voluntaria, pero que eso no siempre es así, lo cual define como un despropósito que atenta contra los derechos fundamentales y contra la vigencia del Estado social y democrático de derecho.
Indicó que ¨otras veces sucede que se dilata indebidamente la ejecución o no se cumple adecuadamente lo decidido, restando así efectividad al pronunciamiento judicial y generando en los ciudadanos desconfianza hacia la institucionalidad democrática¨, lo que constituye un atentado contra la función jurisdiccional, dejando a los tribunales como simples órganos que declaran el derecho pero incapaces de hacer cumplir lo decidido.
Dijo empero, que para hacer frente a estas situaciones existen procedimientos de ejecución coercitiva de decisiones jurisdiccionales a cargo del propio poder jurisdiccional, que está en la obligación ineludible de reaccionar frente a estos comportamientos inexcusables.
El magistrado Ray Guevara en su Rendición de Cuentas trató diversos temas relativos al ejercicio del Tribunal Constitucional en 2015, año que dijo fue de extraordinaria labor para el organismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario