La Alianza por la Democracia (APD) dijo que es un error de los directivos de la Asociación de Clínicas Privadas pedirle al CNSS, que como entidades prestadoras de servicios, le sean indexados los precios de los servicios que ofrecen a los pacientes, debió a que la Ley 87-01 solo habla de indexación del consto de las ARS que dependen a su vez del costo de las prestadoras de servicios, con lo cual el sistema no tiene relación directa.
Según la entidad, es al Ministerio de Salud Pública al que le correspondería estudiar la solicitud de Andeclip por ser la entidad rectora del Sistema de Salud.
Para la APD, la solicitud de aumento de precio realizado por la asociación de clínicas privadas confronta en la actualidad un gran problema debido a que no existen estudios de costos hospitalarios certificados por las autoridades competentes que puedan establecer los precios reales de los servicios que ofrecen esas instituciones a la población.
Carlos Sánchez explicó además, que a raíz de la entrada en vigencia del sistema nacional de seguridad social muchas cosas han debido cambiar en el sistema nacional de salud pero que se mantienen retrasadas debido a la falta de estudios y al incumplimiento de disposiciones establecidas en la Ley General de Salud (42-01) y en la de Seguridad Social (87-01), como son el establecimiento de la red única prestadora de servicios de salud y la puesta en marcha del sistema de atención primaria en salud.
El profesional de la salud señaló que la inexistencia de una red única prestadora de servicios de salud, que brinde atención de calidad, conformada con la integración de los hospitales públicos y del IDSS, presiona al alza los precios de los servicios salud favoreciendo al sector privado.
“Debe existir un solo sistema de prestación de servicios de salud, en el que las clínicas privadas y los hospitales estén por igual regulados. La clínicas no pueden actuar por cuenta propia, tanto en los servicios que venden a través de las ARS como en aquellos que ofrecen a los clientes que demandan directamente de su asistencia”, dijo Carlos Sánchez.
Andeclip anunció recientemente que estudia la posibilidad de aumentar 14% el costo de los servicios que vende a los usuarios, lo que ha encontrado resistencia de parte de la población, por considerarlo injusto y desproporcionado.
Según la entidad, es al Ministerio de Salud Pública al que le correspondería estudiar la solicitud de Andeclip por ser la entidad rectora del Sistema de Salud.
Para la APD, la solicitud de aumento de precio realizado por la asociación de clínicas privadas confronta en la actualidad un gran problema debido a que no existen estudios de costos hospitalarios certificados por las autoridades competentes que puedan establecer los precios reales de los servicios que ofrecen esas instituciones a la población.
Carlos Sánchez explicó además, que a raíz de la entrada en vigencia del sistema nacional de seguridad social muchas cosas han debido cambiar en el sistema nacional de salud pero que se mantienen retrasadas debido a la falta de estudios y al incumplimiento de disposiciones establecidas en la Ley General de Salud (42-01) y en la de Seguridad Social (87-01), como son el establecimiento de la red única prestadora de servicios de salud y la puesta en marcha del sistema de atención primaria en salud.
El profesional de la salud señaló que la inexistencia de una red única prestadora de servicios de salud, que brinde atención de calidad, conformada con la integración de los hospitales públicos y del IDSS, presiona al alza los precios de los servicios salud favoreciendo al sector privado.
“Debe existir un solo sistema de prestación de servicios de salud, en el que las clínicas privadas y los hospitales estén por igual regulados. La clínicas no pueden actuar por cuenta propia, tanto en los servicios que venden a través de las ARS como en aquellos que ofrecen a los clientes que demandan directamente de su asistencia”, dijo Carlos Sánchez.
Andeclip anunció recientemente que estudia la posibilidad de aumentar 14% el costo de los servicios que vende a los usuarios, lo que ha encontrado resistencia de parte de la población, por considerarlo injusto y desproporcionado.
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