Santo Domingo.- El director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA), doctor Víctor Terrero, aseguró que la decisión del Tribunal Constitucional sobre el Código Penal constituye un retroceso para la sociedad dominicana, y advirtió que pone al país en una posición difícil para mejorar la condición de la mujer.
“A quién se le puede ocurrir mandar a un país a manejarse con un código de 1884”, enfatizó el funcionario.
Terrero intervino en la Jornada de Socialización de Resultados del Diagnóstico de Necesidades de Salud de Personas Trans, auspiciada por la USAID, en colaboración de UNIBE y el COIN.
Dijo que la decisión de esa instancia judicial priva a la sociedad dominicana de una herramienta adecuada para alcanzar las metas en los temas de la mujer.
“El Tribunal Constitucional -indicó- viola todos los derechos de nuestras mujeres con esa decisión, y pone a la sociedad dominicana y a sus instituciones en una posición difícil para seguir luchando por mejorar la condición de la mujer”.
“Yo espero -añadió- que la declaración de inconstitucionalidad haya sido una respuesta a la forma desordenada en que fue conocida la observación al Código Penal que hizo el Presidente Danilo Medina, y no una manera de enfrentar la propuesta de despenalización del aborto en ciertas condiciones”.
Estigma y discriminación
El director del CONAVIHSIDA favoreció que las personas trans puedan acceder oportunamente a los servicios de prevención, prueba y tratamiento del VIH, en un ambiente libre de estigma y discriminación.
“Las personas trans –observó- pueden ejercer plenamente su derecho al desarrollo”.
Expresó que la Respuesta Nacional al VIH debe ser equitativa, sostenible e incluyente.
“El estigma y la discriminación comprometen la convivencia humana y generan manifestaciones de violación a los derechos humanos”, adujo.
Explicó que existen evidencias incuestionables de que el estigma y la discriminación alejan a las personas de las fuentes de información, desalienta la adopción de comportamientos de autocuidado, obstaculiza la detección oportuna y acceso oportuno al tratamiento, y deriva en ineficacia de las intervenciones encaminadas a controlar la epidemia del VIH.
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