Fuente: Municipio Al Día  

SANTO DOMINGO,-La aprobación de urgencia por el Senado de la República en la sesión del 8 de enero en la que sustituye pena de prisión por sanciones administrativas contra los alcaldes que se excedan en los porcentajes de las partidas del presupuesto municipal ha generado un ruido innecesario en medio de una sociedad altamente sensibilizada ante los actos de corrupción. 

Nunca vi ni veo la necesidad de eliminar esas penalidades sobre todo porque tal y como indica en su  informe la Dirección Técnico Legislativa del Senado la expresión en el proyecto que dice que "su violación conlleva las sanciones administrativas que establezca la ley" es imprecisa, pies no identifica qué normativa sería aplicable ni cuál autoridad sería competente para imponer dichas sanciones.

A ello se suma el hecho de que si bien el artículo 21 de la ley 176-07 hace que las autoridades locales sean "presos de confianza" por la casi imposibilidad de su cumplimiento a no ser para las 12 o 14 grandes municipalidades, lo cierto es que ningún alcalde hasta el momento ha sido condenado por su violación, precisamente por entender que nadie está obligado a lo imposible.

Una vez aumentada la partida de gastos de personal en un 5% llevándola al 30% la situación mejora significativamente, y con ellos desaparecen las amenazas penales por incumplimiento a los porcentajes.

La iniciativa que modifica el articulo 3 de la ley 75-25 que a su vez modificó el artículo 21 de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, establece nuevos porcentajes para la distribución del presupuesto municipal, incluyendo hasta un 75% para gastos corrientes y al menos un 25% para inversión y capital sin que ello solucione el manejo presupuestal de los gobiernos locales.

Y me explico: si bien es cierto que en los gobiernos locales grandes y medianos su mayor necesidad son los servicios, en los pequeños y hasta en algunos medianos su principal necesidad es dotarlos de infraestructuras municipales es decir aceras, contenes, parques, canchas, pley, cementerios, funerarias, mataderos, palacios etc pues carecen de esos elementos fundamentales para generar bienestar en sus moradores.

Como ahora la iniciativa descansa para su  estudio en una comisión de la Cámara de Diputados, aprovechamos para proponer separar los gastos de personal y en cambio unificar los de servicios, de género, salud y educación  con inversión a fin de que aquellos gobiernos locales que ameriten mayor servicio potencialicen estos y los que demandan de mayor inversión hagan lo propio y de esa manera sí resolvemos la necesidad de flexibilizar la ejecución presupuestaria en los renglones que demanda cada territorio en lo particular.