En la ceremonia participaron el ministro de la Presidencia, Joel Santos; la viceministra administrativa del Ministerio de la Mujer, Doris Javier; el viceministro de Proyectos de Inversión del Ministerio de la Presidencia, Camel Curi Lora; la directora del programa Supérate, Gloria Reyes; el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón; la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Julian Drullard; el alcalde del Municipio San Antonio de Guerra, Francisco Rojas García; entre otras autoridades del gobierno central y local.
El Bono Mujer, fue entregado a mujeres que se encuentran en condición de vulnerabilidad, entre ellas madres solteras, embarazadas, víctimas de violencia de género e intrafamiliar, mujeres con discapacidad, aquellas que tienen a su cargo dependientes adultos mayores, niñas y niños, o personas que requieran de cuidado, así como a familias acogedoras de menores de edad que han quedado en la orfandad por feminicidios.
Mediante esta iniciativa, que consiste en un subsidio que se suma a los ya contemplados en el proyecto Familia Feliz, las beneficiarias recibieron entre un 8% y 10% del valor de los préstamos recibidos para la adquisición de viviendas dignas.
En esta ocasión, el Ministerio de la Mujer destinó un total de RD$2,788,500.00 para el subsidio que se acredita al capital del préstamo hipotecario de las mujeres seleccionadas por el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz.
Sobre el Bono Mujer
El Bono Mujer fue instituido para responder a los compromisos asumidos por el presidente Luis Abinader en su programa de gobierno, “Un país para su gente”, el cual busca reducir el déficit habitacional, focalizar las inversiones de índole social y ampliar la plataforma de incentivos que facilitan la adquisición de proyectos con inversión Público-Privado para la población más vulnerable.
De igual forma, en consonancia con el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2021– 2024 y al Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG III), instrumento marco en materia de género, que establece para todas las instancias de la administración pública, los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y organizaciones comunitarias, las prioridades para garantizar el acceso de las mujeres a vivienda, servicios básicos y la infraestructura que les permita aumentar su autonomía económica.
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